La nacionalización consiste en la acción legal por la cual bienes o actividades de propiedad privada pasan a propiedad o control público del Estado. Las políticas neoliberales practicadas por PP-PSOE durante estos últimos años han liberalizado el sector energético, convirtiendo el negocio de la energía en un oligopolio donde 5 grandes empresas controlan el sector de la energía, no controlándose desde lo público ni el precio de la energía ni las repercusiones que tiene su uso en un sector importante de la población. La pobreza energética supone una tragedia invisible que causa 7000 muertes al año en España. El articulo 128 de la Constitución recoge lo siguiente:
Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.
Es hora, que mirando el interés general se aplique este articulo, pues con parches y paños calientes no llegara una solución para la mayoría de la población.
A continuación reproduzco enlaces de artículos y opiniones que defienden con diversas razones la nacionalización del sector energético.
Seis cifras para los que niegan que hay pobreza
energética en España
5,1 millones de personas pasan frío en invierno
67% de incremento en la factura del gas
Un 73% más que en 2008 por la luz
3,2 millones de personas retrasan el pago de facturas
1,2 millones gastan el 20% de sus ingresos en energía
7,8 millones de personas viven con goteras o humedades
La pobreza energética es la incapacidad de un hogar de satisfacer una
cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas,
como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para
la salud (18 a 21ºC en invierno y 25ºC en verano, según los criterios de la
Organización Mundial de la Salud).
|
|
Las causas que generan esta precariedad energética son diversas,
si bien existen tres factores fundamentales:
·
Bajos ingresos del hogar
·
Calidad insuficiente de la
vivienda
·
Precios elevados de la energía
Sus consecuencias en el bienestar son también variadas:
temperaturas de la vivienda inadecuadas, incidencias sobre la salud física y
mental (incluyendo mortalidad prematura de ancianos), riesgo de endeudamiento
y desconexión del suministro, degradación de los edificios, despilfarro
de energía, emisiones, etc.
|
IU
solicita a Fiscalía una investigación a las compañías eléctricas por prácticas
fraudulentas
Maíllo: "Si las eléctricas fueran estatales esta especulación en el
precio de la luz no se habría producido"
La gran estafa de la electricidad en España
Todo es muy difícil antes de ser sencillo salvo en lo relativo al recibo de
la luz, que, en contra de lo que pudiera parecer, es más simple que el asa
de un cubo. Para entender por qué sube la electricidad en España o por qué su
precio es escandalosamente alto en relación a otros países europeos no hay que
pretender conocer los entresijos de una factura incomprensible o aprender desde
pequeños la diferencia entre la parte regulada de la tarifa y la liberalizada,
los peajes del sistema, la potencia instalada o el déficit tarifario. Lo que
hay que saber es que el supuesto mercado libre es una milonga, un sistema
oligárquico controlado por cinco empresas montado para que se forren en
cualquier circunstancia. Así de sencillo.
http://blogs.publico.es/escudier/2017/01/19/la-gran-estafa-de-la-electricidad-en-espana/
Declaración
de Economistas Frente a la Crisis sobre los precios de la electricidad
MOCIÓN Relativa a la nacionalización del sector energético, que
presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes- Convocatoria por
Andalucía, en el Pleno de Marzo de 2014, del Ayuntamiento de ..............., al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para su aprobación la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La factura de la electricidad de España es la tercera más cara de Europa,
después de Irlanda y Chipre, y las compañías eléctricas españolas de UNESA
tienen un margen de beneficios del doble de las europeas. Las grandes empresas
eléctricas ya se beneficiaron de los ingresos por costes de transición a la
competencia, la moratoria nuclear, las ayudas al gas, entre otras; y todo ello,
según se decía, en la búsqueda de más competencia, al compás marcado por la
OCDE y de las Directivas de la UE, para lograr un mercado más eficiente y
conseguir una reducción de costes que deberían trasladarse a los precios.
Las empresas eléctricas españolas tienen unos ratios de rentabilidad
bastante superiores a la de sus homólogas europeas. No es lógico que en nuestro
país, con la crisis económica que estamos soportando, todas las grandes
empresas eléctricas españolas sigan teniendo más beneficios que las grandes
empresas europeas. De hecho los datos correspondientes a 2012 (los de 2013
globales no están todavía) señalan que Iberdrola y Endesa fueron la segunda y
la tercera eléctricas europeas que más beneficio obtuvieron en 2012, solo por
detrás de la francesa EDF y por delante de grupos como GDF Suez, National Grid,
E.ON o Enel.
Desde el estallido de la crisis, los márgenes del sector en las grandes
empresas europeas han ido retrocediendo con fuerza a ritmos de doble dígito
anual, mientras que en España estos márgenes aumentaron en 2008, apenas cayeron
en los ejercicios de 2010 y 2012 y todo apunta a que el cierre del ejercicio de
2013 volverá a darles beneficios. De hecho, en los tres primeros trimestres del
año 2013, las principales compañías eléctricas españolas, aunque aseguran estar
sufriendo mermas multimillonarias en sus cuentas de resultados, reconocen unos
beneficios de 7.638 millones de euros. Por ejemplo Endesa, que vuelve a
repartir dividendos, ha obtenido un beneficio de 1.551 millones hasta
septiembre. El beneficio neto obtenido por Iberdrola hasta septiembre es de
2.275 millones y el de Gas Natural Fenosa llega hasta los 1.120 millones de
euros.
Esta evidencia se da en unos momentos en los que, la crisis y las políticas
neoliberales puestas en marcha con la justificación de ella, provoca que el 10%
de la población sufra pobreza energética.
Es urgente abordar una reforma, en profundidad, del sistema energético. Es
necesario planificar, en el corto y medio plazo, medidas estructurales de
reforma del mercado eléctrico. Los múltiples cambios regulatorios que ha puesto
en marcha el Gobierno no han solucionado el problema del déficit, han agravado
el drama social, económico y ciudadano que significa el insoportable
encarecimiento de la factura energética.
Hasta ahora, la benevolencia del regulador con las empresas eléctricas queda
demostrada por la falta de control y por la generosidad en los criterios de
fijación de tarifas: el resultado es que, a pesar de la liberalización teórica,
al menos el 50 % son precios regulados para remunerar inversiones en
generación, transporte y distribución, además de los costes de transición a la
competencia y de la moratoria nuclear entre otros.
No es ajena a la situación la cuestión del déficit tarifario. Déficit
tarifario, por otra parte, que consideramos ilegítimo por cuanto no es nada
evidente que el origen del déficit tarifario, la famosa diferencia entre coste
real y el calculado, que “justifica” un presunto déficit de miles de millones
de euros, se haya valorado de forma correcta ya que se basa en
acumulaciones sucesivas al valor de origen (Marco Legal Estable), y además esa
cifra se ha alcanzado a partir de los datos de las propias compañías que han
dado por buenos los sucesivos gobiernos del estado y que reconoce el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo
El “presunto” déficit tarifario existente es de naturaleza regulatoria y no
económica tal y como la propia Comisión Europea afirmaba en la evaluación del
programa nacional de reformas enviado por el Gobierno, en la que atribuía el
problema del déficit tarifario a que el sistema de tarificación de la
electricidad sigue siendo ineficiente y presenta un nivel de competencia
insuficiente. Es necesaria una auditoría energética, pública y rigurosa, que
determine las causas reales, si las hay, del déficit tarifario.
El Gobierno, en varias ocasiones, ha anunciado su intención de presentar
antes una nueva reforma del sector eléctrico, que es realmente necesaria pero
que, para que sea efectiva, debe abordarse en profundidad para que nuestro
mercado esté basado en la eficiencia, la independencia energética y las
energías limpias. El nuevo sistema debe eliminar de la factura que paga la
ciudadanía, aquellos conceptos de la tarifa que hoy se muestran innecesarios
como son los costes por interrumpibilidad, o los pagos por capacidad o los de
compensación por los Costes de Transición a la Competencia cobrados de más por
las eléctricas que han sido cifrados en 3.400M€ por la CNE.
Esta reforma debería garantizar un mix energético en el que, junto a la
reserva estratégica de fuentes primarias de energía autóctona y que favorezca
la implantación progresiva de las energías renovables.
También se hace necesario favorecer el autoconsumo de energía con balance
neto, que además de reducir las emisiones contaminantes y de CO2, mejorar la
balanza comercial al tener que importar menos petróleo y gas, disminuir la
dependencia energética y asegurar el suministro energético, supone una clara
mejora en la eficiencia energética al generar la energía en el punto de
consumo, logrando una producción descentralizada; y a medio plazo supondría una
reducción de los costes medios del kW, democratizaría el sistema energético y
fomentaría el desarrollo local, generando empleos en el sector.
Tenemos, en estos momentos, una posibilidad de actuar para solucionar el
problema, para evitar el drama de la pobreza energética, para evitar las
repercusiones negativas que sobre la ciudadanía, sobre los servicios públicos y
sobre la actividad económica tienen los excesivos costes del suministro
eléctrico. Se trata de aplicar lo que recoge el Artº 128 de la Constitución.
Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de ......................., adopta los
siguientes acuerdos:
1º.- El Ayuntamiento insta al Gobierno Central a aplicar al sector privado
energético español lo recogido en el Artº 128.2 de la Constitución y, por
consiguiente:
- Acuerde la inmediata intervención de las empresas del sector energético
para preservar el interés general de un servicio esencial.
- Presente de forma inmediata un Proyecto de Ley ante el Congreso de los
Diputados, que reserve para el sector público la totalidad de los servicios
energéticos.
- Abra una mesa de diálogo y negociación, con participación de los agentes
sociales y económicos, la ciudadanía y los grupos parlamentarios, al objeto de
acordar la necesaria reforma del sector energético español.
2º.- El Ayuntamiento insta al Gobierno Central a adoptar todas las medidas
legislativas oportunas para que quede garantizado el suministro básico esencial
de energía y nadie más pueda verse privado de este servicio básico por carencia
constatada de recursos económicos.
3º - Dar traslado de este dicha resolución, además de al Gobierno de la
Nación, a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados.
........................, a ................. de 201..
No hay comentarios:
Publicar un comentario